Apple se encuentra en una encrucijada legal tras la presentación de un informe Amicus por parte de Meta, Microsoft y otros. En dicho informe se argumenta que las reglas de la App Store de Apple no promueven la competencia en precios de pagos de aplicaciones. Estas empresas sostienen que las propuestas de cumplimiento de Apple son complejas y onerosas. Y están diseñadas para hacer que las alternativas al procesamiento de pagos de Apple sean impracticables. Esto se aplica para los desarrolladores y resultan poco atractivas para los consumidores.
Apple se juega una sanción ejemplar por burlar la DMA
Meta y Microsoft, entre otros, han expresado su preocupación por cómo las restricciones de Apple afectan tanto a los desarrolladores como a los usuarios. Por ejemplo, Meta señala que los cambios impuestos por Apple en 2022 han incrementado los costos de ciertas funciones, como la promoción de publicaciones dentro de las aplicaciones, lo cual no ocurriría si pudieran dirigir a los usuarios hacia sus propias opciones de pago.
Apple defiende su posición, afirmando haber cumplido con la orden judicial y argumentando que las restricciones son necesarias para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios, así como para mantener la integridad de su ecosistema. Con una audiencia programada para el 30 de abril, el mundo tecnológico espera ansioso para ver si Apple ajustará sus políticas en respuesta a estas presiones.
Mientras, el resto de gigantes tecnológicos aguarda para conocer como responderá Apple a los cambios que se le solicitan. La empresa de Cupertino ha ofrecido abrir su ecosistema pero a unos costes que nadie, ni siquiera los grandes de la industria pueden asumir. Esto supone que la Comisión Europea esté muy preocupada ante el comportamiento de la empresa. No pueden permitir que una empresa les ridiculice y se salte sus políticas como ha hecho Apple.